Vamos con la tercera entrega del pleno ordinario del 11 de noviembre.
En el punto noveno, se debatió la cuarta moción del grupo PARTICIPA, sobre establecer una bonificación a los vecinos empadronados que utilicen los servicios del polideportivo municipal. Si bien, de nuevo, estamos de acuerdo en el fondo, discrepamos en la forma. Primero porque existe jurisprudencia de casos similares que considera que no se puede bonificar una tasa o precio público a una persona por el hecho de estar inscrito o no en un padrón. Se podrían “establecer tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente débiles” (parados, familias numerosas, familias con bajos niveles de renta, etc.) y así lo hemos manifestado.
En cualquier caso, tampoco es válido el argumento del equipo de gobierno que viene a decir que, como el polideportivo está gestionado por una empresa privada, no se le puede “exigir nada”. Parece haber olvidado el equipo de gobierno, si es que algún día lo tuvo en cuenta, que, por mucho que se privatice, externalice, o como quiera llamarse, la gestión de un servicio público, el servicio sigue siendo público y el ayuntamiento es responsable de cuanto allí acontezca. El canon que mensualmente paga el ayuntamiento a la empresa concesionaria (los famosos cuatro mil y pico euros que tanto dan que hablar) los paga en concepto de compensación por los servicios prestados no satisfechos por las cuotas de los usuarios.
En otras palabras. Cuando la empresa concesionaria presentó su oferta para hacerse con la gestión del servicio, tuvo en cuenta una previsión de ingresos (cuotas de los usuarios) y una previsión de gastos (personal, seguros sociales, agua, energía eléctrica, calefacción, etc.) que arrojaban un déficit. Es decir, la previsión de ingresos era menor que la previsión de gastos. De ahí que el ayuntamiento tenga que aportar un canon adicional para compensar el déficit y hacer sostenible el servicio. Esto, que puede parecer más o menos rocambolesco, es un procedimiento habitual en las concesiones de servicios públicos tanto en ayuntamientos, como comunidades autónomas o el propio Gobierno central, y está perfectamente recogido en la Ley de contratos del sector público.
La dificultad radica en realizar una previsión de ingresos y gastos acorde con la realidad de forma que ninguna de las dos partes sufra agravios. Incluso la legislación prevé que, en base a la evolución de la concesión, las previsiones de ingresos y gastos puedan revisarse y, en consecuencia, se puedan revisar al alza o a la baja los cánones. Entre otras cosas, esa es la misión de la comisión de seguimiento del contrato prevista en el servicio del polideportivo de La Cabrera y que, hasta la fecha, no se ha reunido ni una sola vez.
¿Por qué os contamos todo esto? Porque si los servicios que presta actualmente la empresa concesionaria del polideportivo son distintos a aquellos que tuvo en cuenta al realizar su oferta, la previsión de ingresos y gastos deberá ser, necesariamente, distinta. Por ir a lo concreto: si la empresa ya no gestiona la escuela de fútbol, ya no abre el polideportivo los sábados por la tarde ni los domingos por la mañana, si se le permite usar las instalaciones del polideportivo para los campamentos de verano que organiza y que no están en este contrato, etc. ¿cómo va a tener la misma previsión de ingresos y gastos que al principio? ¿Cómo va el ayuntamiento a seguir pagando el mismo canon? ¿Cómo no va a ser capaz el ayuntamiento de exigir un cambio en las condiciones?
El ayuntamiento, el equipo de gobierno, no sólo puede exigir un cambio en las condiciones contractuales sino que, además, debe hacerlo sin demora ya que las condiciones iniciales sobre los que se basó el concurso público han cambiado sustancialmente. Por tanto, no entendemos ni compartimos esa actitud del equipo de gobierno que viene a decir que como es una empresa privada no pueden hacer nada. Como hemos comentado antes, por mucha empresa privada que sea, está gestionando un servicio público y el ayuntamiento tiene mucho que decir.
De las otras dos mociones presentadas por PARTICIPA, una referente al fomento de la participación de los vecinos en ciertos aspectos de las fiestas del municipio fue rechazada con los votos en contra de 6 concejales del PP, votando a favor los 3 de PARTICIPA y el concejal del PSOE. Hubo también una abstención procedente del equipo de gobierno. En cualquier caso, este será uno de los asuntos que deberán quedar recogidos de una forma u otra en la Ordenanza de Participación Ciudadana cuya creación ha propuesto el PSOE y que aún estamos a la espera de que se convoque la primera reunión de la comisión creada al efecto.
La última moción, sobre administración electrónica, fue aprobada por unanimidad.
Se pasó posteriormente al punto duodécimo en el que nuestro grupo quiso que constase en acta que las resoluciones de alcaldía se habían recibido con apenas 24 de antelación y que no tuvimos tiempo material para analizarlas. Se debatirán, si procede, en el próximo pleno ordinario.
Respecto a los informes de alcaldía, entre otras cosas el alcalde comentó que tal y como propuso nuestro grupo en el pleno de septiembre, se habían comenzado las gestiones en las áreas de urbanismo y medio ambiente de la Comunidad de Madrid para dotar a nuestro municipio de suelo industrial. Estaremos atentos a las gestiones realizadas en este ámbito.
Y ya únicamente queda el punto de Ruegos y Preguntas, pero vamos a dejarlo para otro día.
¡Gracias por leernos!
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